Incremento salarial excesivo daña al empleo digno

A partir de 2007 el porcentaje de incremento salarial para el sector privado tiene un valor base fijado desde el Estado, de modo que es obligatorio en su aplicación para todos los empleadores formales, pues los informales no son alcanzados por la norma ni la fiscalización. En su determinación, entonces y en este último ajuste de 2017, el sector privado empleador ha sido excluido del proceso de discusión, vulnerando convenios internacionales que definen el tripartismo.

En términos acumulados el incremento en el salario mínimo, en estos 11 años ha superado el 300 por ciento, mientras que similar dato en el salario básico ha rebasado el 90 por ciento. Son cifras importantes que las ha asumido el sector privado; tienen un costo alto para las empresas, pero también para muchos trabajadores, especialmente cesantes, que han visto un deterioro en la calidad de su empleo pues han tenido que autoemplearse o prestar servicios en el ámbito informal.

El costo del empleo formal ha venido subiendo además por todos los costos no salariales que debe asumir el empleador. Tal es el caso del aporte de riesgo profesional, la prestación solidaria de vejez, el aporte para cajas de salud, el aporte para financiamiento de vivienda, el doble aguinaldo, la prima anual sobre utilidades, el bono de producción en la industria, el salario dominical, el bono de antigüedad, el pago mandatorio de quinquenio, los costos asociados a subsidios como lactancia y maternidad, los cargos que representan establecer guarderías y varios otros beneficios que están ligados al salario mínimo o al básico. En consecuencia, la diferencia de costos entre un empleo formal y uno informal es muy grande.

Durante estos años el incremento salarial ha subido muy por encima de la productividad general y del trabajo en particular. Esto significa que, en términos reales, una parte creciente del valor de la producción se ha consumido en retribuciones al personal, mermando posibilidades de inversión y expansión de la propia producción. En muchos casos, este resultado ha significado el deterioro de la calidad del empleo. Es decir, los nuevos empleos se han generado en la informalidad y no así en el ámbito del empleo protegido.

Por ello, la tasa informalidad se ha mantenido alta inclusive durante el periodo de bonanza y ha tendido a subir a partir de 2014. Los empleos en tal ámbito no solo que no tienen los beneficios descritos antes, sino que tampoco son estables, no tienen vacaciones ni beneficios.

En el ámbito del empleo de profesionales, lo que se ha expandido en este tiempo es la contratación en calidad de consultores no solo en el sector privado, sino en el público. La creciente asignación de recursos a las partidas 252 y otras que corresponde a empleo público sin beneficios es innegable. En entidades descentralizadas y en gobiernos municipales la realidad es esa. El encarecimiento del empleo ha impulsado la precarización de éste!

Lo que se puede apreciar entonces son resultados opuestos a los que se busca. Se ha incrementado fuertemente el salario mínimo y en base a las encuestas de hogares la realidad muestra que al presente una proporción menor de trabajadores de la economía en su conjunto percibe menos que el mínimo. Subir desmesuradamente el salario mínimo resulta en que menos trabajadores perciben un monto igual o mayor a éste.

En el gráfico se incluyen los casos de trabajadores que declaran trabajar 8 horas diarias y se aprecia como el porcentaje de los que ganan menos del mínimo ha subido. Ahora, cuando se incluye a todos, sin la restricción de 8 horas, la situación es más precaria.

Hay más trabajadores en la informalidad, más de ellos trabajan jornadas incompletas en ese ámbito y por supuesto que ganan menos que el mínimo nacional.

Cuando vemos lo sucedido con el salario medio nominal el resultado es parecido. Se puede ajustar el salario promedio de 2007 incrementándolo por lo que se dispuso en cada decreto y se llega a Bs. 4.857. Ahora, tomando el promedio real de la última encuesta de 2015, el resultado es menor: Bs. 4.197. Lo que eso refleja es que hubo una mejora pero menor a la esperada y ello por el efecto de impulso en la informalidad donde los salarios son más bajos.

Tal es así que cuando se expresa el salario medio nominal que genera la encuesta y se lo re expresa en términos reales, el incremento en el salario es todavía menor.

Lo que esto muestra, entonces, es que la política salarial de ajustar al sector formal cuando existe un creciente e incontrolable sector informal deriva en un deterioro de las condiciones de empleo. Son cada vez más los trabajadores que dependen de empleadores informales donde no existen mejoras salariales como las dispuestas en decretos, pero tampoco condiciones básicas y beneficios que sí son observados en el empleo formal.

En suma, la política salarial con ajustes como los que se decidieron de 7 y 10.5 por ciento para 2017, está precarizando la calidad del empleo. Los sectores de servicios, comercio y en general los pequeños negocios que emplean mano de obra no calificada, serán los más dañados. Son pequeños negocios que emplean trabajadores que devengan el salario mínimo y lamentablemente será en ese tipo de unidades económicas donde el fuerte incremento del salario se traducirá en informalidad y precarización del empleo.