COMUNICADO DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PRIVADOS DE BOLIVIA

  

Ante la implementación de las medidas económicas anunciadas por el Presidente del Estado Rodrigo Paz y su gabinete ministerial, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, en legítima representación de las organizaciones regionales y sectoriales que la conforman, expresa lo siguiente:

  1. Apoyamos la decisión de aplicar medidas de ordenamiento estructural para evitar un agravamiento de la crisis que, en poco tiempo más, habría llevado a nuestro país a un colapso económico inmanejable.
  2. El levantamiento de la subvención a los combustibles permite disminuir el insostenible déficit fiscal, equilibrar las finanzas públicas y enfrentar el creciente contrabando. La decisión de aplicar un incremento homogéneo e inmediato en los precios va a tener efectos complejos sobre la economía de todos, sin embargo, es una medida necesaria y urgente que el país debe asumir.
  3. Valoramos las disposiciones contenidas en el DS 5503 sobre otros temas de interés nacional para la recuperación y reactivación económica. Estas disposiciones, junto a otras medidas normativas y administrativas que debieran tomarse a la brevedad posible, constituyen una base importante para liberar las barreras que afectan a los sectores empresariales y generar resultados importantes en el mediano plazo.
  4. Expresamos nuestra preocupación por la determinación unilateral de incrementar el salario mínimo nacional en un 20%. Este incremento tendrá efectos severos sobre la estabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como sobre la generación y sostenibilidad del empleo formal.
  5. Exhortamos a las organizaciones representativas de la sociedad actuar con cautela, responsabilidad y comprensión para evitar la profundización de la crisis, que sería inevitable si no se asumen acciones estructurales.
  6. La crisis que hoy enfrenta el país tiene responsables, y la impunidad resulta inaceptable. Las instituciones públicas deben acelerar las acciones que correspondan en el marco del cumplimiento de la ley y la vigencia del Estado de Derecho.
  7. Las consecuencias de la crisis no pueden ser asumidas solo por los ciudadanos. El sector político y los servidores públicos deben dar muestras claras no solo de capacidad y decisión, sino también de austeridad, prudencia y responsabilidad.

La Paz, 18 de diciembre de 2025