COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

  

Ante la demanda de la Central Obrera Boliviana de un incremento del 20% al haber básico, adicional al aumento ya dispuesto al salario mínimo nacional, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, como máxima representación nacional del sector privado expresa lo siguiente:

  1. El Art. 21 del Decreto Supremo 5516, acordado entre el gobierno nacional y la COB, “reconoce y garantiza la negociación del salario entre empleadores y trabajadores, de manera individual o colectiva, como expresión de la autonomía de la voluntad”. En ese marco, cualquier intento de imponer porcentajes de incremento al haber básico, resulta incongruente, ilegal e inaceptable.
  2. Tanto las normas nacionales como los acuerdos internacionales ratificados por nuestro Estado, establecen únicamente la posibilidad de que el gobierno determine el salario mínimo nacional. Esta medida ya fue implementada por el Decreto señalado que lo incrementó en 20% y, pese a su desproporción, imposición unilateral y grave afectación a la economía de las empresas, está siendo cumplido por todos los sectores.
  3. Los parámetros para garantizar la libre negociación entre trabajadores y empleadores respecto al haber básico están establecidos en el DS 5516. Estos acuerdos van a respetar los derechos de los trabajadores, sin embargo, también deben considerar la situación económica de las empresas, los niveles de productividad, las diferencias entre sectores y regiones, la necesidad de mantener las fuentes de trabajo y la capacidad y posibilidades reales de sostener un incremento sin poner en riesgo la estabilidad de las empresas.
  4. En el actual contexto económico, caracterizado por serias restricciones y desafíos, la imposición de un nuevo incremento generalizado conlleva efectos significativos como cierre de unidades productivas, especialmente medianas y pequeñas; pérdida de empleos; reducción de nuevas contrataciones; presiones inflacionarias y, en consecuencia, una disminución del poder adquisitivo de la población. Pero, sobre todo, afecta los esfuerzos para reactivar nuestra economía y retomar una senda de crecimiento sostenible.
  5. La institucionalidad empresarial ratifica su disposición a participar en todos los espacios de diálogo convocados por el Gobierno nacional en los que se analicen políticas laborales que promuevan la generación y preservación del empleo, el incremento de la productividad y la formalización de la economía.

La Paz, 13 de abril de 2026