La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, al cumplirse seis meses de gestión del nuevo Gobierno, considera necesario realizar una evaluación objetiva sobre la situación económica, social e institucional que atraviesa el país, así como en torno a las perspectivas que se abren para su recuperación.
Reconocemos y valoramos los resultados positivos alcanzados en algunos indicadores macroeconómicos vinculados a la estabilidad cambiaria, la inflación, la balanza comercial, las reservas internacionales y la disminución del riesgo país. Estos avances iniciales constituyen señales alentadoras para recuperar la confianza y generar mejores condiciones para la actividad económica.
Asimismo, destacamos la implementación de algunas medidas que buscan corregir distorsiones estructurales de la economía y promover una mayor apertura y racionalidad en la gestión pública, a través de decretos, proyectos de ley y resoluciones que muestran una voluntad de encarar problemas que durante años fueron postergados. Valoramos especialmente aquellas disposiciones dirigidas a disminuir el déficit, promover las exportaciones, reducir trabas administrativas y restablecer señales de certidumbre para los actores económicos.
Saludamos la elección de nuevas autoridades departamentales y municipales y expresamos nuestro beneplácito por las primeras señales de apertura, compromiso con el desarrollo regional y voluntad de mejorar la transparencia y la eficiencia institucional que varias de ellas han demostrado en el inicio de sus gestiones.
Sin embargo, no podemos ignorar que la crisis continúa y que persisten problemas estructurales que afectan las finanzas públicas y la estabilidad de las empresas. La escasez de dólares, las dificultades en el abastecimiento de carburantes, la falta de inversiones, el elevado gasto público y, sobre todo, el riesgo de un colapso energético derivado de la insuficiencia de reservas hidrocarburíferas, siguen representando amenazas serias para la estabilidad y el crecimiento del país.
Sostenemos que el sector privado continúa atravesando por una de las etapas más complejas de los últimos años. Luego de haber asumido importantes esfuerzos para sostener el empleo y cumplir obligaciones emergentes de medidas como el incremento del 20% al salario mínimo nacional, hoy las unidades productivas enfrentan simultáneamente la escasez de divisas, la caída de la demanda interna, el encarecimiento de costos operativos, los bloqueos, la incertidumbre normativa y nuevas presiones laborales.
Esta situación está afectando gravemente a toda la actividad económica, pero particularmente al comercio, la construcción, la industria nacional, el transporte, las exportaciones y las pequeñas y medianas empresas, que ven reducida su capacidad de operar, invertir y generar empleo formal.
Alertamos sobre la situación de vulnerabilidad que enfrentan miles de familias bolivianas, especialmente aquellas de menores ingresos, debido al deterioro del poder adquisitivo, el desempleo y la precarización económica en las diferentes regiones del país. Consideramos urgente implementar medidas efectivas de mitigación y protección social que permitan evitar un agravamiento de la pobreza y la I exclusión.
Del mismo modo, advertimos con preocupación que la falta de soluciones estructurales alimenta la conflictividad social, generando un círculo vicioso que agrava el daño económico y afecta principalmente a los sectores más vulnerables. También es evidente que el legítimo malestar social está siendo aprovechado por movimientos y actores políticos que, mediante discursos radicales, bloqueos, amenazas y demandas ilegales, buscan generar escenarios de confrontación e inestabilidad que ponen en riesgo la recuperación económica y la convivencia democrática.
Nos alarma el deterioro de la seguridad ciudadana y la creciente aparición de hechos violentos vinculados al narcotráfico, el crimen organizado, el contrabando y otras actividades ilícitas que debilitan la institucionalidad, generan temor en la población y afectan el clima de inversiones. La expansión de estas economías ilegales representa una amenaza directa para la estabilidad democrática, la convivencia pacífica y el desarrollo productivo del país.
Expresamos nuestra preocupación por la repetida anulación o paralización de normas aprobadas conforme a procedimientos constitucionales, como ocurrió con los Decretos 5503 y 5547 y podría repetirse con la Ley 1720. Estas situaciones irregulares, generadas por la imprevisión, la insuficiente socialización y la debilidad ante la presión de ciertos sectores, proyectan señales de debilitamiento institucional, afectan la seguridad jurídica y erosionan la confianza necesaria para impulsar inversiones y generar empleo.
Advertimos que la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuyo papel en este momento es esencial, aún no ha asumido plenamente la gravedad del momento histórico que vive el país y no actúa con la celeridad, responsabilidad y capacidad de concertación que las circunstancias demandan. Preocupa especialmente que todavía no se hayan generado en su interior, los acuerdos políticos necesarios para garantizar mayorías que permitan aprobar leyes fundamentales para la estabilidad económica, la inversión, el financiamiento externo, la seguridad energética y la reactivación productiva.
En ese contexto proponemos:
Los empresarios privados reiteramos nuestra disposición de continuar apoyando todas las medidas orientadas a la estabilización económica, la recuperación productiva, la institucionalidad democrática y la generación de empleo. Bolivia necesita acuerdos, certidumbre, responsabilidad y visión de futuro. Estamos convencidos de que solo mediante el diálogo, el respeto a la ley y el trabajo conjunto entre sectores públicos y privados será posible superar la crisis y construir un país con mayores oportunidades para todos.
La Paz, 12 de mayo de 2026