Posición oficial de la CEPB ante las medidas asumidas el 1° de Mayo

El Consejo Directivo de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), conformado por la representación institucional privada de todos los sectores productivos y regiones del país, en el marco de la declaratoria de emergencia decidida en días pasados y ante la gravedad de las medidas asumidas el 1° de Mayo, comunica a la opinión pública lo siguiente:

El incremento salarial sumado al ofrecimiento de un segundo aguinaldo significaría, en los hechos, un aumento del 14% en el costo laboral de la presente gestión, el mismo que es inviable, discriminatorio, afectando, negativamente, a la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo al empleo para jóvenes y mujeres.

En lo que respecta al anuncio anticipado de pago de segundo aguinaldo, sorprende la promesa hecha a la dirigencia sindical, cuando las cifras imprescindibles para su cálculo no son de conocimiento público, lo que evidencia un manejo irresponsable y muy riesgoso.

En relación con la Ley de creación de Empresas Sociales, ratificamos que el contenido de la norma promulgada el día de ayer, es contraria a la Constitución Política del Estado, mantiene su carácter confiscatorio, enfrentando a trabajadores y empleadores y generando expectativas desmedidas e irracionales como las que amenazan con la toma inmediata de más de 100 empresas.

Por todo ello, el Consejo Directivo de la CEPB:

RESUELVE:

1. Ratificar el Estado de Emergencia del sector privado a nivel nacional, en el país.
2. Convocar a un Congreso Empresarial Nacional del sector privado, a objeto de que, con base en un análisis de las políticas públicas encaminadas, se defina el futuro del relacionamiento con el Gobierno Nacional.
3. Gestionar la presentación ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, de una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de creación de Empresas Sociales, por ser una herramienta para la confiscación de la propiedad privada y vulnerar el derecho a la libre empresa.
4. Asumir todas las acciones legales y constitucionales, en el ámbito nacional e internacional,  para que se garanticen el respeto y la vigencia de los derechos de los emprendedores y empresarios bolivianos.
5. Constituir una instancia de monitoreo y seguimiento para denunciar cualquier abuso, intento o toma de empresas y asumir las medidas institucionales que correspondan.
6. Hacer un seguimiento minucioso de las cifras que proporciona el Instituto Nacional de Estadísticas, especialmente, las relacionadas con el crecimiento de la economía.
7. Expresar nuestro pleno respaldo a las gestiones y acciones desarrolladas por el Comité Ejecutivo y su Presidente, Ronald Nostas Ardaya.

La Paz, 2 de mayo de 2018