La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia quiere expresar a la opinión pública que la decisión asumida por el gobierno nacional, en el marco del diálogo bilateral con la Central Obrera Boliviana, de incrementar en 10.8% el sueldo mínimo nacional y en 7% el haber básico, resulta tan grave como incomprensible. Esta medida, que es la continuidad de una práctica que en los últimos años ha distorsionado toda racionalidad en el manejo de la política salarial, va a afectar duramente a nuestro sector, especialmente a las medianas y pequeñas empresas e inevitablemente va a generar mayores niveles de precariedad laboral, inestabilidad e informalidad.
Es necesario entender que los incrementos salariales no son cuestiones aisladas que terminan en sí mismas, debido a que, por definición, se suman a otros costos laborales que el empresario debe asumir, como el aporte de riesgo profesional, la prestación solidaria de vejez, el aporte para cajas de salud y para el financiamiento de vivienda, el doble aguinaldo, la prima anual sobre utilidades, el bono de producción en la industria, el salario dominical, el bono de antigüedad, el pago mandatorio de quinquenio, los costos asociados a subsidios como lactancia y maternidad y varios otros beneficios.
Este conjunto, cada vez más complejo de obligaciones y restricciones, afecta a todo el sector empresarial boliviano, pero resulta insostenible para las medianas y pequeñas empresas que optan por la formalidad, a los rubros que están afectados por la desaceleración de la economía y a los emprendimientos privados en regiones de menor crecimiento, muchos de las cuales se ven obligadas a cerrar sus actividades o ingresar al ámbito de la informalidad.
Las graves consecuencias del incremento al haber básico, serán evidentes en el corto plazo e implicarán un costo superior a los 319 millones de dólares, que deberán ser asumidos por las empresas del país, en una situación de franca desaceleración y de crisis que afecta al sector en las últimas gestiones. Las consecuencias de esta determinación serán responsabilidad de la Central Obrera Boliviana y del gobierno y esperamos que sepan asumirlas.
Finalmente, queremos declarar públicamente que, amparados en nuestro derecho constitucional al reconocimiento, el respeto, la protección y la garantía del pleno ejercicio de nuestras actividades, pedimos públicamente una reunión urgente con el Presidente del Estado Plurinacional para analizar la situación del sector y las medidas que se deben adoptar para evitar que el daño sea mayor.
Ronald Nostas Ardaya
Presidente – Confederación de Empresarios Privados de Bolivia