El sector empresarial privado aglutinado en torno a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia ha tomado conocimiento del anuncio realizado por el Señor Presidente del Estado, Evo Morales junto a los representantes de la Central Obrera Boliviana, con relación a los porcentajes y montos del incremento salarial y salario mínimo nacional, para la gestión 2016.
Luego de haber recomendado cautela y prudencia a nuestras autoridades, debemos manifestar nuestro profundo malestar con los resultados de esta negociación bipartita. Decisiones como las asumidas el día de hoy ponen en una muy delicada situación al aparato productivo que, recurrentemente tiene que solventar múltiples obstáculos, sin un adecuado acompañamiento del Estado para generar condiciones necesarias para la inversión privada en Bolivia. Estos incrementos representan para el aparato productivo formal, en la presente gestión, un importe de más de dos mil millones de bolivianos, que muchas empresas, en diferentes sectores y regiones, no están en condiciones de asumir,
Nuestra profunda preocupación es aún mayor, pues con las decisiones asumidas el día de hoy, el Gobierno de Bolivia vulnera nuevamente Convenios Internacionales ratificados por el Estado Boliviano, marginando al sector empleador en la definición de los salarios mínimos (Convenios de la Organización Internacional del Trabajo No 131 Sobre la fijación de salarios mínimos y No. 26 sobre métodos para la fijación de salarios mínimos).
El sector privado no sólo ha estado ausente de las negociaciones y discusiones sobre un tema, como el incremento salarial que, nos concierne y afecta directamente, sino que tampoco se ha logrado conformar un espacio de discusión al más alto nivel que garantice la construcción de un clima propicio para seguir apostando en Bolivia, colaborando con el crecimiento y desarrollo económicos.
Los empresarios bolivianos, como actores económicos importantes del modelo de economía plural, demandamos la instalación de una mesa de dialogo con el Gobierno, para tratar temas inherentes a nuestra dinámica, a fin de evitar los efectos perniciosos que este incremento inconsulto generará en la dinámica del sector privado. Reiteramos una vez más que, la obligación constitucional de nuestros gobernantes, es la de diseñar políticas económicas y sociales sin arriesgar la base productiva del país, generadora de fuentes de empleo digno y formal y colaboradora de la independencia económica del país.
Estas decisiones inconsultas, son de exclusiva responsabilidad de quienes la adoptaron así como los efectos que se generen sobre la estabilidad laboral.
La Paz, 26 de abril de 2016.